Gobiernos locales del país podrán certificarse como Cantones Amigos de la Infancia
  • Iniciativa se retoma luego de certificar a 32 municipalidades en su primera etapa, reconociendo su trabajo por las personas menores de edad.
  • CAI es una propuesta internacional que lidera UNICEF y propone proteger los derechos de la infancia y la adolescencia a nivel local.
  • Las personas interesadas pueden ingresar al sitio web de Cantones Amigos de la Infancia aquí: http://www.cantonesamigosdelainfancia.go.cr/

09 de diciembre, 2020 – San José. La Secretaría Técnica de Cantones Amigos de la Infancia (CAI) lanzó la segunda etapa de esta iniciativa, que busca certificar a todos los gobiernos locales y consejos municipales de distrito, para que desarrollen políticas y acciones para promover el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad en el país.

CAI es un programa que dio inicio en el año 2012, con el propósito de certificar a los gobiernos locales con herramientas para conocer la situación de la niñez y adolescencia en su cantón y emprender planes de acción, políticas y programas para proteger y garantizar sus derechos. En su primera etapa, el proyecto se abarcó el 40% del Régimen Municipal costarricense.

La actividad fue virtual y contó con la participación del Dr. Francisco Golcher, Jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud, quién profundizó sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental de las personas menores de edad.

Primera etapa. En Costa Rica, 32 cantones lograron certificarse durante la primera etapa de CAI. El proceso incluyó la construcción de 14 Políticas Locales de Niñez y Adolescencia, capacitación de 32 personas promotoras de los derechos de la niñez y adolescencia, desarrollo de proyectos en los 32 cantones y diagnósticos de la situación de las personas menores de edad a nivel local.

Durante el año 2019, se fortalecieron las capacidades de aproximadamente 200 líderes comunitarios en temas relacionados con: los derechos de la niñez y la adolescencia; competencias y recursos de los Comités Tutelares en la protección integral y la formulación de planes de trabajo desde el enfoque de la Teoría de Cambio.

“El Patronato Nacional de la Infancia celebra que nuevamente los cantones se unan a esta iniciativa. Es importante que desde los Gobiernos Locales se trabaje por el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de políticas, estrategias, planes y programas cantonales, que vienen a asegurar la protección integral de esta población”, indicó Gladys Jiménez Arias, Ministra de Niñez y Adolescencia.

Segunda etapa. En esta nueva fase, CAI será más ambicioso, ya que se propone alcanzar la certificación en las 82 municipalidades y los 8 consejos municipales de distrito, de modo que se pueda garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas menores de edad, más aún, en un contexto donde la educación, la salud y el desarrollo integral de estas personas se ve comprometido por la pandemia.

¨En el IFAM nos hemos enfocado en que los cantones mejoren la calidad de vida de las personas. CAI viene a reforzar los objetivos con los que Costa Rica se ha comprometido en materia de políticas públicas y derechos humanos, en particular los derechos de las personas menores de edad. Para que las políticas públicas impacten la calidad de vida de los niños y las niñas ocupamos que los gobiernos locales tengan el apoyo técnico para promoverlo, el IFAM está en la obligación de acompañar a las municipalidades en esa finalidad, en alianza con instituciones nacionales e internacionales¨, dijo Marcela Guerrero, Presidenta Ejecutiva del IFAM.

En esta segunda etapa, se les solicitará a los gobiernos locales que elijan al menos uno de los siguientes derechos: educación; cultura, juego, deporte y recreación; o desarrollo integral con énfasis en el desarrollo psicosocial, para generar proyectos que beneficien a las personas menores de edad.

El Ministerio de Planificación Económica y Política Económica (MIDEPLAN) considera CAI como el esfuerzo para avanzar en el desarrollo sostenible con enfoque en la niñez y adolescencia, generando una intervención que le permitirá a las municipalidades del país emprender la lucha de los derechos de las personas menores de edad en toda su expresión y extensión.

“Felicitamos a las 32 Municipalidades que ya poseen el reconocimiento de Cantones Amigos de la Infancia, hace más de 5 años que innovaron sus procesos de planificación y de desarrollo de intervenciones estratégicas para la niñez y adolescencia; pero también felicitamos e invitamos a todas las Municipalidades que emprendan la segunda fase”, señaló Carlos Molina Rodríguez, Viceministro del MIDEPLAN.   

Antecedentes. Cantones Amigos de la Infancia proviene de la iniciativa internacional Ciudades Amigas de la Infancia, se enfoca en impulsar, promover y ejecutar una estrategia en el plano local de acciones políticas, técnicas administrativas y financieras que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia.

“Es muy importante que las municipalidades del país sean parte de Cantones Amigos de la Infancia porque les permite contar con la información y apoyo necesarios para que puedan tomar decisiones estratégicas para la protección de las niñas, niños y adolescentes y desarrollo local. Para UNICEF es un honor poder trabajar de la mano de los gobiernos locales en políticas y programas especializados en personas menores de edad”, señaló Patricia Portela de Souza, Representante de UNICEF.

En Costa Rica esta iniciativa cuenta con el apoyo y asistencia técnica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Coalición Costarricense de Organizaciones Sociales para el seguimiento de la Convención de Derechos del Niño (COSECODENI). De esta manera se articula la institucionalidad gubernamental, los organismos internacionales y la sociedad civil para apoyar el trabajo de los gobiernos locales en la materia.

“Seguimos viendo CAI, como un espacio propicio para que los Gobiernos Locales se apropien de las causas para la niñez y adolescencia, de tal manera que aumenten sus capacidades en la materia para que formulen políticas municipales que impacten la calidad de vida de esta población”, afirmó Josial Salas, Presidente de COSECODENI.

Según la Defensoría de los Habitantes, en su informe del año 2017, el proceso de CAI es importante para fortalecer las relaciones cercanas a los entornos locales en donde se desenvuelven y desarrollan las personas menores de edad.

Las personas interesadas pueden ingresar al sitio web de Cantones Amigos de la Infancia aquí: http://www.cantonesamigosdelainfancia.go.cr/

Posicionamiento de COSECODENI sobre recorte presupuestario al PANI en 2021

HOY MÁS QUE NUNCA COSTA RICA DEBE GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

A lo largo de los años, al haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y sus tres protocolos facultativos, el Estado de Costa Rica ha adoptado como política de Estado, el compromiso por la garantía, protección y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que, si bien se ha traducido en la construcción de instituciones a cargo, y de un amplio marco normativo y de políticas públicas; aún existen gran cantidad de desafíos y deudas pendientes para con las personas menores de edad (PME), entre ellos la aplicación de ese cuerpo normativo y político, y una correcta y adecuada inversión social.

Según datos del Unicef en Costa Rica, 470 mil niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza, lo que representa un 34% del total de la población menor de edad, mientras que un 12% vive en pobreza extrema[1], cifras que pueden haber aumentado drásticamente tras la pandemia. Múltiples estudios dan cuenta del rezago y exclusión que viven personas menores de edad de poblaciones vulnerabilizadas, tales como los pueblos indígenas, migrantes y en condición de refugio, afrodescendientes, personas con discapacidad, y quienes viven en comunidades rurales y urbano marginales, pues enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios esenciales, alternativas de protección integral, programas preventivos y de defensa de derechos, y a oportunidades para su desarrollo.

En cuanto a las diversas formas de violencia, el panorama no es nada esperanzador. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tramitó en el año 2019 un total de 2340 denuncias formales, afectando a 3610 personas menores de edad. Asimismo, se atendieron más de 88 mil reportes de situaciones violatorias hacia PME[2].

Estas condiciones de vulnerabilidad ya existentes en el país, se han visto acrecentadas y agravadas con las medidas impuestas para enfrentar la pandemia COVID-19, pues los niños, niñas y adolescentes se encuentran en estado de mayor aislamiento, están expuestos a experimentar carencias económicas, y a convivir con personas adultas sujetas a estresores sociales, lo que aumenta el riesgo de violencia y negligencia. 

Por ello, las personas menores de edad, requieren ahora más que nunca de contar con un Estado garante de sus derechos. Sin embargo, vemos con extrema preocupación, como en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2021, golpea una vez más los recursos destinados al PANI (y por consiguiente a toda la red social de respuesta), siendo la entidad rectora en derechos de la niñez y adolescencia, y la encargada de ejecutar las principales acciones para su protección integral.

La niñez y adolescencia como prioridad vs realidad de incumplimientos

El recorte anunciado de más de ₡9 mil millones respecto al 2020, no es un hecho aislado producto únicamente de la actual crisis económica y fiscal causada por la pandemia; sino que es un capítulo más de un largo historial de falta de voluntad política para colocar a los niños, niñas y adolescentes en un lugar prioritario en la agenda nacional, contradiciendo así tanto la política de Estado ya mencionada, como los marcos internacionales ratificados como Estado Parte.

Con la creación de su ley orgánica en 1996, al PANI se le confirió el 7% de lo recaudado por concepto de impuesto sobre la renta, sin embargo, esa obligación nunca se cumplió, pues por años el monto real asignado rondó el 1,7%. Finalmente, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre de 2018, se derogó la asignación del 7% de impuesto de renta para la institución.

Desde el 2018, se ha venido recortando el presupuesto del PANI de manera gradual hasta alcanzar (si se aprueba el del 2021 tal cual se presentó) cerca de ₡70 mil millones; es decir, una reducción de más de ₡36 mil millones en cuestión de 3 años. Ya el año pasado, la Sala Constitucional declaró el presupuesto nacional del año 2020 como inconstitucional, entre otras cosas por conferir al PANI un presupuesto menor al del 2018 que es el mínimo base establecido tras la reforma fiscal (Resolución Nº 24746 – 2019)[3].

El fortalecimiento del PANI y los servicios de Protección Integral requieren de recursos

La tendencia a recortar recursos al PANI limita su proceso de fortalecimiento, el cual ha sido recomendado y exigido por múltiples instituciones.

La propia Asamblea Legislativa a través de la Comisión Permanentes Especiales de Juventud, Niñez y Adolescencia (Expediente N°21.470) emitió recomendaciones al PANI en la línea de: Fortalecer los programas preventivos, Atención de denuncias fuera de horario laboral, Apertura de Nuevas Oficinas Locales, Mejoramiento de los protocolos existentes, Acabar con el hacinamiento de los albergues, Expediente digital, Apertura de Consultorios Familiares, etc.

Otros órganos como la Contraloría General de la República[4] y la Defensoría de los Habitantes[5] han emitido recomendaciones y directrices, todas en la línea de fortalecer al PANI en áreas como la capacitación al personal, fortalecimiento de su rol de Rectoría Técnica en Niñez y Adolescencia, atención de denuncias, transferencia de recursos a las ONG que atienden personas menores de edad; procesos de promoción y prevención, y reducción del hacinamiento en albergues.

Finalmente el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su más reciente informe de recomendaciones al país solicita al Estado costarricense que: “Adopte medidas para salvaguardar las transferencias presupuestarias destinadas, según lo dispuesto en la Constitución, a dar efectividad a los derechos del niño y modifique la Ley núm. 9635, de diciembre de 2018, para evitar la reducción de las partidas presupuestarias asignadas a la infancia en el contexto de la crisis fiscal”.[6]

Desde las organizaciones de sociedad civil que trabajamos para la protección integral y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. hemos visto con buenos ojos los esfuerzos que ha realizado el PANI para mejorar su atención y protección; tales como la creación de Unidades Regionales de Atención Inmediata para atender situaciones de alto riesgo 24 horas, los 7 días de la semana, la implementación de las Academias de Crianza, las Unidades Móviles, los Consejos Participativos de Personas Menores de Edad, la creación de un fideicomiso para la mejora de su infraestructura de albergues y oficinas locales, entre otros esfuerzos que se impulsan para ampliar su rango de acción y atender parte de las disposiciones y recomendaciones de los entes antes mencionados.

Celebramos estos avances en la protección integral de la niñez y adolescencia. Sin embargo, Informaciones del propio PANI indican que con este recorte, estaría enfrentando un déficit de unos ₡16 mil millones, que le imposibilitará satisfacer la demanda actual y proyectada para 2021 en cuanto a la promoción de los derechos y atención de las PME más vulnerables, tales como:

  • Convenios de cooperación con ONG’s a cargo de la atención residencial y no residencial de mínimo 10.000 niños, niñas y adolescentes, víctimas de abuso, maltrato negligencia y otras condiciones de vulnerabilidad.
  • Subvenciones a Hogares Solidarios que protegen a niños y niñas víctimas de abuso.
  • Apoyo a Adolescentes Madres, que brinda becas de estudio y acciones socio formativas a más de 2500 adolescentes.
  • Imposibilidad de aumentar el alcance del programa Red de Cuido, siendo este una enorme necesidad de apoyo a las familias más vulnerables en momentos de altos niveles de desempleo.
  • Proyectos y programas centrados en la prevención y promoción de derechos en alianza con organizaciones sociales y comunitarias.

Un llamado a proteger lo más valioso de nuestra sociedad; ¡Invirtamos en los Niños, Niñas y Adolescentes!

En consecuencia, hoy más que nunca, resulta de vital importancia mantener el aporte que el Estado está llamado a garantizar para que el Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, pueda brindar a las personas menores de edad la atención que merecen. En este contexto; hacemos un vehemente llamado a las autoridades de Gobierno, y a las Señoras y Señores Diputados, para que demuestren su compromiso con las personas menores de edad, redoblando esfuerzos para continuar en la ruta del fortalecimiento institucional, técnico, financiero y operativo, particularmente del PANI y del Sistema de Protección Integral en todos sus niveles.

Instamos al Poder Ejecutivo para que dé marcha atrás con su propuesta de recortar en ₡ 9 mil millones el presupuesto 2021 del PANI, y por el contrario le asegure a la institución la provisión de los recursos que le corresponden según lo establecido por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y señalado por la Sala Constitucional el año anterior, para que su presupuesto sea como mínimo, igual al del 2018.

Apelamos a las Señoras y Señores Diputados para que se abstengan de recortar más presupuesto al PANI, y por el contrario, usen su facultad legal para transferirle fondos de otras partidas que consideren no esenciales, para la debida prestación de servicios de apoyo y protección a poblaciones en condición de vulnerabilidad que esta institución tiene el mandato de salvaguardar.

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Coalición Costarricense de Organizaciones Sociales para el Seguimiento de la Convención de Derechos del Niño (COSECODENI) — Octubre, 2020

Organizaciones que Suscriben:

  • Aldeas Infantiles SOS Costa Rica
  • Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica (ACJ)
  • Asociación Familia, Parentalidad y Crianza (AFAPAC)
  • Asociación Pueblito de Costa Rica
  • Asociación Red Viva
  • Asociación Unión de hogarcitos
  • Casa Viva Costa Rica
  • Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes y Refugiados (CIDEHUM)
  • Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica.
  • Fundación Acción Joven
  • Fundación Débora
  • Fundación DEHVI
  • Fundación La Casa de los Niños
  • Fundación Paniamor
  • Hogar San Agustín
  • Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN)
  • World Vision Costa Rica

[1] https://semanariouniversidad.com/pais/470-mil-ninos-ninas-y-adolescentes-viven-en-pobreza-en-costa-rica.

[2] Siendo las principales causas la negligencia (19%), conflictos familiares (18%), agresión física (15%) y agresión psicológica (11%)[2]. Por su parte, estadísticas del Poder Judicial indican que para el año 2018 se recibieron 8546 denuncias sobre delitos contra menores de edad, siendo 8116 de índole sexual.

[3] “Se denota entonces, que efectivamente existe una violación a lo dispuesto por los artículos 51 y 55 constitucionales, en el tanto la reducción del presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia en el proyecto consultado, va más allá del límite que para tales efectos estableció el legislador ordinario en la Ley 9635, cuyo contenido fue el parámetro que utilizó esta Sala en la sentencia 18-19511 (…) Esto, por cuanto la cifra establecida en el proyecto consultado para el 2020 es mucho menor a la fijada para el año 2018, fecha en que fue aprobada la norma antes citada. Lo anterior, implica una violación a los principios básicos que rigen la obligación del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la niñez, conforme lo dispuesto por la Constitución Política y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos relativos al tema”. Sala Constitucional, Resolución Nº 24746 – 2019

[4] Informes N° DFOE-SOC-IF-00006-2018 y N°DFOE-SOC-IF-00013-2019

[5] Albergues del PANI siguen en la mira de la Defensoría. Oficina de Prensa, DHR

[6] Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Costa Rica, CRC/C/CRI/CO/5-6. 4 Marzo 2020

Informe de avance en diálogos con nueva Ministra de Niñez y Presidenta PANI
– Sector ONGs ( Abril 2020 )

Estimados y estimadas colegas de las ONG de Niñez y Adolescencia.

Deseamos informarles brevemente de los resultados iniciales de la reunión que sostuvimos el pasado 13 de abril, un grupo de representantes del sector de ONGs por la niñez y adolescencia en CR, con la señora Gladys Jiménez, Ministra de la Niñez, Presidenta Ejecutiva del PANI y Presidenta del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CNNA).

Semanas atrás, con la llegada de doña Gladys a su nuevo rol, un grupo de representantes de organizaciones y redes iniciamos diálogos con el fin de establecer una estrategia de acercamiento en procura de poder llevar puntos comunes de interés y buscar colaboración conjunta con las autoridades de Gobierno para beneficio de los NNA, y el quehacer de las ONG. El pasado 24 de febrero les hicimos saber a muchas de sus organizaciones del inicio de ese proceso (comparto nuevamente en adjunto el comunicado enviado entonces), mediante el cual posteriormente el 9 de marzo compartimos un link con un cuestionario en línea solicitando sus insumos, siendo que se recibieron aportes muy valiosos de varias organizaciones.

Justo cuando nos aprestábamos a tener la reunión con doña Gladys, con el pasar de los días, se desencadenó en el país la emergencia por la pandemia COVID-19, por lo que quisimos aprovechar que tendríamos reunión con ella y les extendimos nuevamente a sus organizaciones, consulta mediante correo el pasado 26 de marzo, pidiéndoles también sus aportes para poderle expresar las principales preocupaciones y propuestas para el abordaje a la niñez y adolescencia en el contexto de la pandemia.

Queremos compartirles entonces los principales resultados de esa reunión con la Ministra, en las que participamos: Gisella Fallas (UNIPRIN), Virginia Murillo (DNI), Shirley Solano (Aldeas Infantiles SOS), Rodrigo Orlich (AFAPAC), Josial Salas (COSECODENI).

A nivel de los temas estratégicos de país sobre niñez y adolescencia, los principales puntos expuestos por las ONG fueron:

  • Necesidad de tener mecanismos formales de comunicación con la Presidenta,
  • Fortalecimiento de los canales de cooperación con las ONG en todas las líneas (atención, prevención, promoción, defensa de derechos) incluyendo propuestas de fortalecimiento de capacidades mutuas (de Gobierno a ONGs y de ONGs a Gobierno),
  • Buscar la tercerización de servicios en donde se aproveche y potencie el expertisia de las ONG,
  • Necesidad de avanzar hacia un paradigma de participación real de las personas menores de edad desde todos los ámbitos y múltiples expresiones organizativas.
  • Urgencia de avanzar hacia el fortalecimiento de todo el Sistema Nacional de Protección Integral Niñez y Adolescencia,
  • Defensa de los presupuestos para la niñez (incluido presupuesto PANI, pero no exclusivamente),
  • Avanzar en la agenda de desinstitucionalización de NNA,
  • Trabajar conjuntamente en el seguimiento e implementación de las Observaciones y Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU para Costa Rica.

Respecto a las preocupaciones y propuestas como sector ONGs para el abordaje de la niñez y adolescencia en el marco de la emergencia COVID-19, les comparto en anexo el documento de reseña que compilamos tras recibir sus valiosos insumos. Todo ese contenido fue expuesto y discutido con la señora Ministra.

Finalmente, les comparto lo que fueron los principales acuerdos con ella en esta primera reunión como sector:

Principales acuerdos:

  1. Apertura de un espacio de comunicación permanente con el sector de ONGs. Entre otras cosas, se buscará sostener una reunión una vez al mes para escucharnos mutuamente y avanzar en el seguimiento de acuerdos. Además de la reunión mensual, la apertura es constante y la actitud de cercanía de la Ministra y Presidenta PANI es recibida con agrado por parte de sociedad civil. **
  2. Unir esfuerzos con las ONG en el seguimiento a la implementación de las Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al Estado de CR, emitidas a principios de este año tras el ciclo de presentación de informes nacionales sobre el cumplimiento de la Convención.
  3. La señora Presidenta del PANI y del CNNA, coincide con las organizaciones en la necesidad de que todo el sector de niñez y adolescencia avance hacia el fortalecimiento contante del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez, en todos sus niveles. Se espera visibilizar y canalizar el aporte de las ONG en todos los niveles, comenzando por ayudar a hacer más efectivo el quehacer del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, en donde tenemos representación, a pesar del desbalance tan marcado hacia la preponderancia de la institucionalidad del Estado.
  4. Apoyamos como ONGs la propuesta de que las próximas sesiones del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, estén dedicadas casi exclusivamente a abordar los impactos de la emergencia COVID-19 en las personas menores de edad, tanto en el plano epidemiológico, como en el de los efectos socio-económicos y en el ejercicio de todos sus derechos. De hecho ya en la sesión del CNNA ayer, tuvimos a cargo presentar lo que se ha compilado como preocupaciones desde el sector de ONGs, siendo muy bien acogida por todos los demás miembros y se dará seguimiento a muchos de los puntos expuestos.
  5. Reforzar la comunicación con las ONG con programas de cuido residencial o diurno, en el marco de la emergencia COVID-19, para reforzar medidas de prevención de nuevos contagios y de asegurar el servicio de calidad a los NNA (dentro de lo expuesto por la señora Presidenta del PANI, se informa de decisiones que se están tomando a nivel de Junta Directiva, para honrar los pagos a las ONG de atención, aún en momentos de la emergencia).
  6. Tener presente que en Costa Rica hay organizaciones de atención (con albergues residenciales o centros diurnos) y también organizaciones más centradas  que hacen un trabajo importante de prevención, promoción y defensa, que atienden poblaciones de manera directa en sus hábitats de desarrollo, y que cuentan con amplia experiencia y modelos de trabajo que representan una oportunidad para establecer un trabajo estratégico de colaboración con el PANI, cumpliendo funciones que muchas veces escapan al alcance de la  institución y otras entidades del Estado. Buscar continuar la línea de proyectos de cooperación entre el PANI y los programas de ONG de prevención, promoción y defensa.
  7. En el marco de la emergencia, doña Gladys ve a las ONG como aliadas para alcanzar a los NNA en comunidades marginalizadas y en extrema pobreza (los que viven en “tugurios”, hacinados, en territorios alejados, etc.); pues en este momento el país carece de una línea clara para ello, pide apoyo de las ONG para construir propuestas en esa línea.

** Nota: Como parte del punto #1, adicionalmente nos gustaría hacer la aclaración de que la intención del grupo que nos reunimos con doña Gladys, es la de llevar un diálogo como sector en función de un sentir y preocupaciones comunes; pero las ONG individualmente y el PANI continuarían en la libertad de entablar comunicación directa de manera bilateral, para tratar asuntos que consideren pertinentes, pues no está en nuestras posibilidades (ni es nuestra intención) ser el único canal de comunicación entre las organizaciones y el PANI.

Les seguiremos manteniendo informados/as de nuestro relacionamiento con doña Gladys, y el CNNA en este sentido. Quienes tengan interés de integrarse más protagónicamente en estos acercamientos, por favor no duden en hacérnoslo saber, pues definitivamente necesitamos unirnos más como sector para poder llevar una voz más fuerte a los espacios de construcción conjunta con el Gobierno.

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