HOY MÁS QUE NUNCA COSTA RICA DEBE GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

A lo largo de los años, al haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y sus tres protocolos facultativos, el Estado de Costa Rica ha adoptado como política de Estado, el compromiso por la garantía, protección y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que, si bien se ha traducido en la construcción de instituciones a cargo, y de un amplio marco normativo y de políticas públicas; aún existen gran cantidad de desafíos y deudas pendientes para con las personas menores de edad (PME), entre ellos la aplicación de ese cuerpo normativo y político, y una correcta y adecuada inversión social.

Según datos del Unicef en Costa Rica, 470 mil niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza, lo que representa un 34% del total de la población menor de edad, mientras que un 12% vive en pobreza extrema[1], cifras que pueden haber aumentado drásticamente tras la pandemia. Múltiples estudios dan cuenta del rezago y exclusión que viven personas menores de edad de poblaciones vulnerabilizadas, tales como los pueblos indígenas, migrantes y en condición de refugio, afrodescendientes, personas con discapacidad, y quienes viven en comunidades rurales y urbano marginales, pues enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios esenciales, alternativas de protección integral, programas preventivos y de defensa de derechos, y a oportunidades para su desarrollo.

En cuanto a las diversas formas de violencia, el panorama no es nada esperanzador. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tramitó en el año 2019 un total de 2340 denuncias formales, afectando a 3610 personas menores de edad. Asimismo, se atendieron más de 88 mil reportes de situaciones violatorias hacia PME[2].

Estas condiciones de vulnerabilidad ya existentes en el país, se han visto acrecentadas y agravadas con las medidas impuestas para enfrentar la pandemia COVID-19, pues los niños, niñas y adolescentes se encuentran en estado de mayor aislamiento, están expuestos a experimentar carencias económicas, y a convivir con personas adultas sujetas a estresores sociales, lo que aumenta el riesgo de violencia y negligencia. 

Por ello, las personas menores de edad, requieren ahora más que nunca de contar con un Estado garante de sus derechos. Sin embargo, vemos con extrema preocupación, como en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2021, golpea una vez más los recursos destinados al PANI (y por consiguiente a toda la red social de respuesta), siendo la entidad rectora en derechos de la niñez y adolescencia, y la encargada de ejecutar las principales acciones para su protección integral.

La niñez y adolescencia como prioridad vs realidad de incumplimientos

El recorte anunciado de más de ₡9 mil millones respecto al 2020, no es un hecho aislado producto únicamente de la actual crisis económica y fiscal causada por la pandemia; sino que es un capítulo más de un largo historial de falta de voluntad política para colocar a los niños, niñas y adolescentes en un lugar prioritario en la agenda nacional, contradiciendo así tanto la política de Estado ya mencionada, como los marcos internacionales ratificados como Estado Parte.

Con la creación de su ley orgánica en 1996, al PANI se le confirió el 7% de lo recaudado por concepto de impuesto sobre la renta, sin embargo, esa obligación nunca se cumplió, pues por años el monto real asignado rondó el 1,7%. Finalmente, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre de 2018, se derogó la asignación del 7% de impuesto de renta para la institución.

Desde el 2018, se ha venido recortando el presupuesto del PANI de manera gradual hasta alcanzar (si se aprueba el del 2021 tal cual se presentó) cerca de ₡70 mil millones; es decir, una reducción de más de ₡36 mil millones en cuestión de 3 años. Ya el año pasado, la Sala Constitucional declaró el presupuesto nacional del año 2020 como inconstitucional, entre otras cosas por conferir al PANI un presupuesto menor al del 2018 que es el mínimo base establecido tras la reforma fiscal (Resolución Nº 24746 – 2019)[3].

El fortalecimiento del PANI y los servicios de Protección Integral requieren de recursos

La tendencia a recortar recursos al PANI limita su proceso de fortalecimiento, el cual ha sido recomendado y exigido por múltiples instituciones.

La propia Asamblea Legislativa a través de la Comisión Permanentes Especiales de Juventud, Niñez y Adolescencia (Expediente N°21.470) emitió recomendaciones al PANI en la línea de: Fortalecer los programas preventivos, Atención de denuncias fuera de horario laboral, Apertura de Nuevas Oficinas Locales, Mejoramiento de los protocolos existentes, Acabar con el hacinamiento de los albergues, Expediente digital, Apertura de Consultorios Familiares, etc.

Otros órganos como la Contraloría General de la República[4] y la Defensoría de los Habitantes[5] han emitido recomendaciones y directrices, todas en la línea de fortalecer al PANI en áreas como la capacitación al personal, fortalecimiento de su rol de Rectoría Técnica en Niñez y Adolescencia, atención de denuncias, transferencia de recursos a las ONG que atienden personas menores de edad; procesos de promoción y prevención, y reducción del hacinamiento en albergues.

Finalmente el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su más reciente informe de recomendaciones al país solicita al Estado costarricense que: “Adopte medidas para salvaguardar las transferencias presupuestarias destinadas, según lo dispuesto en la Constitución, a dar efectividad a los derechos del niño y modifique la Ley núm. 9635, de diciembre de 2018, para evitar la reducción de las partidas presupuestarias asignadas a la infancia en el contexto de la crisis fiscal”.[6]

Desde las organizaciones de sociedad civil que trabajamos para la protección integral y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. hemos visto con buenos ojos los esfuerzos que ha realizado el PANI para mejorar su atención y protección; tales como la creación de Unidades Regionales de Atención Inmediata para atender situaciones de alto riesgo 24 horas, los 7 días de la semana, la implementación de las Academias de Crianza, las Unidades Móviles, los Consejos Participativos de Personas Menores de Edad, la creación de un fideicomiso para la mejora de su infraestructura de albergues y oficinas locales, entre otros esfuerzos que se impulsan para ampliar su rango de acción y atender parte de las disposiciones y recomendaciones de los entes antes mencionados.

Celebramos estos avances en la protección integral de la niñez y adolescencia. Sin embargo, Informaciones del propio PANI indican que con este recorte, estaría enfrentando un déficit de unos ₡16 mil millones, que le imposibilitará satisfacer la demanda actual y proyectada para 2021 en cuanto a la promoción de los derechos y atención de las PME más vulnerables, tales como:

  • Convenios de cooperación con ONG’s a cargo de la atención residencial y no residencial de mínimo 10.000 niños, niñas y adolescentes, víctimas de abuso, maltrato negligencia y otras condiciones de vulnerabilidad.
  • Subvenciones a Hogares Solidarios que protegen a niños y niñas víctimas de abuso.
  • Apoyo a Adolescentes Madres, que brinda becas de estudio y acciones socio formativas a más de 2500 adolescentes.
  • Imposibilidad de aumentar el alcance del programa Red de Cuido, siendo este una enorme necesidad de apoyo a las familias más vulnerables en momentos de altos niveles de desempleo.
  • Proyectos y programas centrados en la prevención y promoción de derechos en alianza con organizaciones sociales y comunitarias.

Un llamado a proteger lo más valioso de nuestra sociedad; ¡Invirtamos en los Niños, Niñas y Adolescentes!

En consecuencia, hoy más que nunca, resulta de vital importancia mantener el aporte que el Estado está llamado a garantizar para que el Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, pueda brindar a las personas menores de edad la atención que merecen. En este contexto; hacemos un vehemente llamado a las autoridades de Gobierno, y a las Señoras y Señores Diputados, para que demuestren su compromiso con las personas menores de edad, redoblando esfuerzos para continuar en la ruta del fortalecimiento institucional, técnico, financiero y operativo, particularmente del PANI y del Sistema de Protección Integral en todos sus niveles.

Instamos al Poder Ejecutivo para que dé marcha atrás con su propuesta de recortar en ₡ 9 mil millones el presupuesto 2021 del PANI, y por el contrario le asegure a la institución la provisión de los recursos que le corresponden según lo establecido por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y señalado por la Sala Constitucional el año anterior, para que su presupuesto sea como mínimo, igual al del 2018.

Apelamos a las Señoras y Señores Diputados para que se abstengan de recortar más presupuesto al PANI, y por el contrario, usen su facultad legal para transferirle fondos de otras partidas que consideren no esenciales, para la debida prestación de servicios de apoyo y protección a poblaciones en condición de vulnerabilidad que esta institución tiene el mandato de salvaguardar.

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Coalición Costarricense de Organizaciones Sociales para el Seguimiento de la Convención de Derechos del Niño (COSECODENI) — Octubre, 2020

Organizaciones que Suscriben:

  • Aldeas Infantiles SOS Costa Rica
  • Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica (ACJ)
  • Asociación Familia, Parentalidad y Crianza (AFAPAC)
  • Asociación Pueblito de Costa Rica
  • Asociación Red Viva
  • Asociación Unión de hogarcitos
  • Casa Viva Costa Rica
  • Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes y Refugiados (CIDEHUM)
  • Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica.
  • Fundación Acción Joven
  • Fundación Débora
  • Fundación DEHVI
  • Fundación La Casa de los Niños
  • Fundación Paniamor
  • Hogar San Agustín
  • Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN)
  • World Vision Costa Rica

[1] https://semanariouniversidad.com/pais/470-mil-ninos-ninas-y-adolescentes-viven-en-pobreza-en-costa-rica.

[2] Siendo las principales causas la negligencia (19%), conflictos familiares (18%), agresión física (15%) y agresión psicológica (11%)[2]. Por su parte, estadísticas del Poder Judicial indican que para el año 2018 se recibieron 8546 denuncias sobre delitos contra menores de edad, siendo 8116 de índole sexual.

[3] “Se denota entonces, que efectivamente existe una violación a lo dispuesto por los artículos 51 y 55 constitucionales, en el tanto la reducción del presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia en el proyecto consultado, va más allá del límite que para tales efectos estableció el legislador ordinario en la Ley 9635, cuyo contenido fue el parámetro que utilizó esta Sala en la sentencia 18-19511 (…) Esto, por cuanto la cifra establecida en el proyecto consultado para el 2020 es mucho menor a la fijada para el año 2018, fecha en que fue aprobada la norma antes citada. Lo anterior, implica una violación a los principios básicos que rigen la obligación del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la niñez, conforme lo dispuesto por la Constitución Política y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos relativos al tema”. Sala Constitucional, Resolución Nº 24746 – 2019

[4] Informes N° DFOE-SOC-IF-00006-2018 y N°DFOE-SOC-IF-00013-2019

[5] Albergues del PANI siguen en la mira de la Defensoría. Oficina de Prensa, DHR

[6] Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Costa Rica, CRC/C/CRI/CO/5-6. 4 Marzo 2020